El presidente Barack Obama dijo el lunes durante un foro hispano en una escuela de D.C. que su gobierno no puede suspender deportaciones por medio de órdenes ejecutivas.
Sin embargo, expertos en ley migratoria señalan que se trata de una diferencia semántica o de palabras: el Ejecutivo no puede tomar una decisión final sobre una deportación o dar la residencia a un inmigrante, pero sí tiene más de una herramienta a su alcance para suspender indefinidamente las deportaciones que considere conveniente.
Durante el foro, transmitido por Univision, un estudiante preguntó al Presidente si no sería posible aplicar un estatus de protección temporal o TPS a estudiantes indocumentados, y el periodista Jorge Ramos apuntó si no sería posible utilizar una orden ejecutiva para proteger a miles de estudiantes indocumentados.
Obama dijo que no sería adecuado utilizar el TPS, “ya que históricamente se ha usado en circunstancias especiales cuando hay inmigrantes en este país que han escapado a la persecusión en sus países o tienen una situación de emergencia en sus patrias que requiere que vengan a Estados Unidos… no sería apropiado usarlo por un grupo que vino, por ejemplo, buscando oportunidad económica”.
El mandatario añadió que “no es correcta la noción de que puedo suspender deportaciones por medio de orden ejecutiva, hay leyes en los libros que el Congreso ha aprobado…tenemos tres poderes en el gobierno. El Congreso aprueba las leyes y el trabajo del Ejecutivo es aplicar e implementar”.
La respuesta, sin embargo, no pareció tomar en cuenta que hay leyes y programas existentes que el Ejecutivo puede invocar para usar su discreción y evitar deportaciones, así como proteger a determinados grupos.
“La ley le da al Presidente una enorme cantidad de acción. De hecho, la ley le permite, si así lo desea, establecer un criterio, si se quiere estrecho, para suspender temporal e incluso indefinidamente, la deportación a, por ejemplo, los estudiantes o dreamers”, afirmó David Leopold, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA). “Los mecanismos existen”.
El verano pasado, un memo interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que fue filtrado a republicanos del Congreso causó un gran revuelo. Dicho memo detallaba numerosas herramientas que el Ejecutivo podía utilizar para extender la estadía e impedir deportaciones por medio de soluciones administrativas.
Una de estas soluciones sugeridas en el memo, que aún puede encontrarse en internet, era el uso de Acción Diferida (Deffered Action) para suspender temporal o indefinidamente la deportación de jóvenes que hubieran calificado para el Dream Act, proyecto de ley que habría regularizado la situación de jóvenes que llegaron al país indocumentados cuando eran niños junto con sus padres.
El Congreso consideró el Dream Act en diciembre pasado, siendo aprobado en la Cámara de Representes pero rechazado en el Senado.
La acción diferida, según está definido por las reglas internas de USCIS, es una “conveniencia administrativa por medio de la cual el gobierno da a algunos casos una prioridad más baja”. Cuando la acción diferida es aplicada a un individuo, la persona recibe una autorización de empleo, aunque hasta ahora generalmente se ha provisto por razones humanitarias.
La Opinión solicitó un reporte del número de casos de acción diferida otorgados durante los últimos cinco años. Tras esperar 48 horas, portavoces de DHS indicaron que aún estaban “recopilando” la información.
Se sabe, sin embargo, que esta herramienta fue utilizada en menos de 900 casos el año pasado. Al menos esa fue la cifra que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dio al senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, quien puso el grito en el cielo llamando al susodicho texto “el memo de la amnistía”, y acusando al gobierno de Obama de estar tramando una “amnistía por la puerta de atrás”.
Napolitano, sin embargo, le aseguró entonces que no se usaría ese recurso, “sino en casos aislados”. El memo, del que Napolitano dijo “nadie pidió y no se usará”, fue sumariamente engavetado.
El director de USCIS, Alejandro Mayorkas, en una reciente entrevista con La Opinión, se negó siquiera a discutirlo.
La actitud del gobierno de Obama causa reacciones de frustración entre cabilderos que piensan que no ha hecho lo suficiente por la reforma migratoria y que la Casa Blanca sigue más empeñada en declararse “dura” contra los indocumentados.
“Creo que el Presidente dio una lamentable respuesta técnica a un tema muy emocional y complicado. Mostró cero compasión y convirtió un tema extremadamente humano en una respuesta fria… yo me quedé muy desilusionada”, dijo Angela Kelly, experta de inmigración del Centro para el Progreso Americano (CAP).
Sin embargo, expertos en ley migratoria señalan que se trata de una diferencia semántica o de palabras: el Ejecutivo no puede tomar una decisión final sobre una deportación o dar la residencia a un inmigrante, pero sí tiene más de una herramienta a su alcance para suspender indefinidamente las deportaciones que considere conveniente.
Durante el foro, transmitido por Univision, un estudiante preguntó al Presidente si no sería posible aplicar un estatus de protección temporal o TPS a estudiantes indocumentados, y el periodista Jorge Ramos apuntó si no sería posible utilizar una orden ejecutiva para proteger a miles de estudiantes indocumentados.
Obama dijo que no sería adecuado utilizar el TPS, “ya que históricamente se ha usado en circunstancias especiales cuando hay inmigrantes en este país que han escapado a la persecusión en sus países o tienen una situación de emergencia en sus patrias que requiere que vengan a Estados Unidos… no sería apropiado usarlo por un grupo que vino, por ejemplo, buscando oportunidad económica”.
El mandatario añadió que “no es correcta la noción de que puedo suspender deportaciones por medio de orden ejecutiva, hay leyes en los libros que el Congreso ha aprobado…tenemos tres poderes en el gobierno. El Congreso aprueba las leyes y el trabajo del Ejecutivo es aplicar e implementar”.
La respuesta, sin embargo, no pareció tomar en cuenta que hay leyes y programas existentes que el Ejecutivo puede invocar para usar su discreción y evitar deportaciones, así como proteger a determinados grupos.
“La ley le da al Presidente una enorme cantidad de acción. De hecho, la ley le permite, si así lo desea, establecer un criterio, si se quiere estrecho, para suspender temporal e incluso indefinidamente, la deportación a, por ejemplo, los estudiantes o dreamers”, afirmó David Leopold, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA). “Los mecanismos existen”.
El verano pasado, un memo interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que fue filtrado a republicanos del Congreso causó un gran revuelo. Dicho memo detallaba numerosas herramientas que el Ejecutivo podía utilizar para extender la estadía e impedir deportaciones por medio de soluciones administrativas.
Una de estas soluciones sugeridas en el memo, que aún puede encontrarse en internet, era el uso de Acción Diferida (Deffered Action) para suspender temporal o indefinidamente la deportación de jóvenes que hubieran calificado para el Dream Act, proyecto de ley que habría regularizado la situación de jóvenes que llegaron al país indocumentados cuando eran niños junto con sus padres.
El Congreso consideró el Dream Act en diciembre pasado, siendo aprobado en la Cámara de Representes pero rechazado en el Senado.
La acción diferida, según está definido por las reglas internas de USCIS, es una “conveniencia administrativa por medio de la cual el gobierno da a algunos casos una prioridad más baja”. Cuando la acción diferida es aplicada a un individuo, la persona recibe una autorización de empleo, aunque hasta ahora generalmente se ha provisto por razones humanitarias.
La Opinión solicitó un reporte del número de casos de acción diferida otorgados durante los últimos cinco años. Tras esperar 48 horas, portavoces de DHS indicaron que aún estaban “recopilando” la información.
Se sabe, sin embargo, que esta herramienta fue utilizada en menos de 900 casos el año pasado. Al menos esa fue la cifra que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dio al senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, quien puso el grito en el cielo llamando al susodicho texto “el memo de la amnistía”, y acusando al gobierno de Obama de estar tramando una “amnistía por la puerta de atrás”.
Napolitano, sin embargo, le aseguró entonces que no se usaría ese recurso, “sino en casos aislados”. El memo, del que Napolitano dijo “nadie pidió y no se usará”, fue sumariamente engavetado.
El director de USCIS, Alejandro Mayorkas, en una reciente entrevista con La Opinión, se negó siquiera a discutirlo.
La actitud del gobierno de Obama causa reacciones de frustración entre cabilderos que piensan que no ha hecho lo suficiente por la reforma migratoria y que la Casa Blanca sigue más empeñada en declararse “dura” contra los indocumentados.
“Creo que el Presidente dio una lamentable respuesta técnica a un tema muy emocional y complicado. Mostró cero compasión y convirtió un tema extremadamente humano en una respuesta fria… yo me quedé muy desilusionada”, dijo Angela Kelly, experta de inmigración del Centro para el Progreso Americano (CAP).
Nessun commento:
Posta un commento