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JEAN-GUY ALLARD
El Departamento de Estado y su agencia de desestabilización USAID proyectan gastar unos 30 millones de dólares más para sus operaciones injerencistas orientadas a convertir a Internet en instrumento de penetración e Inteligencia en el territorio nacional cubano.
Lo confirma el sitio web Cuba Money Project, del periodista e investigador norteamericano Tracey Eaton, al publicar un documento de esta agencia identificada con los servicios especiales norteamericanos, fechado el 11 de enero último, que revela cómo se solicitan "ideas" de organizaciones no gubernamentales y empresas especializadas, interesadas en desarrollar proyectos relacionados con el uso de Internet "en Cuba y otras naciones".
El documento fue publicado en vísperas del juicio en La Habana al norteamericano Alan Philip Gross, contratista de la USAID, por sus actividades ilegales.
El 7 de febrero era la fecha tope para la presentación de programas.
"El Departamento de Estado no ha precisado —y sin dudas no lo hará— cuáles serán las organizaciones que realizarán estos proyectos", escribe Eaton, un excorresponsal del diario tejano The Dallas Morning News en La Habana.
Subsidios que van desde medio millón hasta ocho millones de dólares están disponibles para estos proyectos, con un total que pudiera alcanzar los 30 millones, especifica el estudio.
Más aún, el dinero proviene del presupuesto federal del 2010 y no del siguiente.
El Departamento de Estado, en una precisión que parece referirse directamente al caso Gross o a operaciones anteriores de Inteligencia, detalla que las organizaciones elegibles tienen que "poseer experiencia de trabajo en ámbitos de Internet agudamente hostiles".
La punta de lanza de estas operaciones, llamada web-based circumvention technology está específicamente destinada a evitar y engañar los habituales sistemas de detección (firewalls y filtros) usados para detectar las múltiples formas de uso ilícito de la red de redes, según las legislaciones de cada país.
La estrategia incluye un "programa de entrenamiento" que comporta el desarrollo de una "red de instructores" que realizarán operaciones con "organizaciones bajo amenazas", leer: organizaciones que operan de manera ilegal.
Las organizaciones y empresas invitadas a someter propuestas deben poder "entrenar", precisa la solicitud de ofertas, a "blogueros, ciudadanos-periodistas y organizaciones de la sociedad civil" y promocionar el uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones de persona a persona y de "redes sociales".
El programa prevé hasta un fondo de "defensa" de activistas con problemas legales en casos de hacking y de "cyber intrusión".
Además de Cuba, la solicitud de propuestas hace referencias a China, Birmania, Irán, Rusia y Venezuela, todos países que se niegan a someterse al dominio imperial de EE.UU., siempre con la habitual retórica de la "ayuda" a "activistas digitales", la conocida estrategia de reclutamiento de agentes e informantes desarrollada por el aparato de Inteligencia de EE.UU.
El documento fue publicado en vísperas del juicio en La Habana al norteamericano Alan Philip Gross, contratista de la USAID, por sus actividades ilegales.
El 7 de febrero era la fecha tope para la presentación de programas.
"El Departamento de Estado no ha precisado —y sin dudas no lo hará— cuáles serán las organizaciones que realizarán estos proyectos", escribe Eaton, un excorresponsal del diario tejano The Dallas Morning News en La Habana.
Subsidios que van desde medio millón hasta ocho millones de dólares están disponibles para estos proyectos, con un total que pudiera alcanzar los 30 millones, especifica el estudio.
Más aún, el dinero proviene del presupuesto federal del 2010 y no del siguiente.
El Departamento de Estado, en una precisión que parece referirse directamente al caso Gross o a operaciones anteriores de Inteligencia, detalla que las organizaciones elegibles tienen que "poseer experiencia de trabajo en ámbitos de Internet agudamente hostiles".
La punta de lanza de estas operaciones, llamada web-based circumvention technology está específicamente destinada a evitar y engañar los habituales sistemas de detección (firewalls y filtros) usados para detectar las múltiples formas de uso ilícito de la red de redes, según las legislaciones de cada país.
La estrategia incluye un "programa de entrenamiento" que comporta el desarrollo de una "red de instructores" que realizarán operaciones con "organizaciones bajo amenazas", leer: organizaciones que operan de manera ilegal.
Las organizaciones y empresas invitadas a someter propuestas deben poder "entrenar", precisa la solicitud de ofertas, a "blogueros, ciudadanos-periodistas y organizaciones de la sociedad civil" y promocionar el uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones de persona a persona y de "redes sociales".
El programa prevé hasta un fondo de "defensa" de activistas con problemas legales en casos de hacking y de "cyber intrusión".
Además de Cuba, la solicitud de propuestas hace referencias a China, Birmania, Irán, Rusia y Venezuela, todos países que se niegan a someterse al dominio imperial de EE.UU., siempre con la habitual retórica de la "ayuda" a "activistas digitales", la conocida estrategia de reclutamiento de agentes e informantes desarrollada por el aparato de Inteligencia de EE.UU.
"Este documento corresponde integralmente a lo que expresó recientemente en una revista especializada la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton", comenta el periodista y profesor norteamericano en su reveladora investigación.
Havana Time
Rome Time
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